En dos semanas
Colombia podría enfrentarse a una de las mayores oleadas de inseguridad en la
historia reciente. Centenares de raponeros, atracadores, sicarios, mafiosos,
integrantes de bandas y ladrones de cuello blanco, entre muchos otros, saldrían
de los penales y quedarían en libertad. No se trata de un asunto menor. El
próximo 1 de julio 12.000 personas, la mayoría sindicadas por los delitos que
más afectan a los ciudadanos comunes, regresarán a las calles.
La historia por la
cual esto está a punto de ocurrir comenzó hace dos años. En 2015 la Fiscalía y
el Ministerio de Justicia de
la época promovieron ante el Congreso la aprobación de la Ley 1760. Fue así
como quedó consagrado a partir de la entrada en vigencia de esa ley que la
Fiscalía y la Justicia tendrían un plazo máximo de un año para resolver la
situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad.
De no hacerlo, quienes estuvieran detenidos en calidad de sindicados sin que se
iniciaran sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad al cumplir los
12 meses tras las rejas.
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