La
Superintendencia de Industria y Comercio investiga a cinco empresas y a siete
personas naturales por presunta cartelización en contrato oficial. Su Noticiero
Popular pudo establecer que de comprobarse que se violaron las
normas de la libre competencia económica, en el contrato del Programa de
Alimentación Escolar en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) podría imponer multas de hasta cien mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (73.771 millones de pesos) a las empresas vinculadas al
proceso
Aparentemente,
los investigados habrían provocado el desabastecimiento de frutas para los
refrigerios escolares en aproximadamente el 83 % de las zonas beneficiarias del
Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá entre el 15 de marzo y el 8 de
junio de 2017 y, posteriormente, el encarecimiento de las frutas para todo el
Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá en cerca del 50 %.
“El efecto de
incrementar los precios en este caso se traduce necesariamente en que habrá
menos frutas en los refrigerios destinados a los niños beneficiarios del
programa o en que habrá menos niños en cuyos refrigerios se incluya fruta”,
explicó la SIC.
El proceso
involucra a las firmas Industria de Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver,
Namasté Food, Alimentos Spress y Best Colombian Fruits.
Igualmente a Hugo Nelson Daza, Alejandro Castelblanco,
Stella Téllez, Andrea Rosas, Juan Pablo Fonseca, Geimi Soleimi Daza y Hugo
Castelblanco.
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