La aspirante presidencial asegura que
ese dinero nunca reparará las consecuencias de la destitución que le ordenó el
Ministerio Público.
Por
quitarle sus derechos políticos al
destituirla e inhabilitarla por 18 años en el 2010, la Procuraduría deberá pagarle
a la ex senadora Piedad Córdoba 1800 millones de pesos por
decisión del Consejo de Estado,
quien tumbó dicha sanción el año pasado al argumentar que no había pruebas de
que ayudara y promoviera a las Farc.
La ahora
aspirante presidencial aseguró que ese dinero lo pondrá en un patrimonio autónomo para las mujeres emprendedoras,
cabezas de familias, indígenas y que en general defiendan sus derechos.
El Consejo de Estado ordenó que
se le reconocieran los salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre de
2010, día en que fue separada de su curul, y
el 19 de julio de 2014, cuando finalizaba el periodo para el que fue
elegida.
Sin
embargo, aseguró Córdoba, esos
recursos “jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me
hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”.
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