
Si bien empezó por reconocer el fallo
y declararse respetuoso de la decisión del tribunal, recalcó que la
Procuraduría sí tiene competencia y poder para investigar y sancionar
disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de
elección popular, según decisión de la Corte Constitucional.
Por ello, Carrillo sostiene que
espera conocer la decisión final que tome la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
“En esa medida, no es posible
cuestionar o discutir la validez constitucional de la referida competencia de
la Procuraduría”, agregó.
Vale recordar que a Petro le fue
impuesto el castigo en 2013 por el cambio en el esquema de basuras que
implementó en momentos en los que oficiaba como alcalde de Bogotá.
El 18, 19 y 20 de diciembre de 2012,
dos contratos firmados por su administración, dejaron a la ciudad sin sistema
de recolección y por tanto, la capital del país vivió un acumulamiento de
basuras.
Sin embargo, a juicio del Consejo de
Estado, la Procuraduría no logró comprobar la existencia de dolo en las
decisiones que tomó el entonces alcalde.
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