Una reparación de 7 mil 300 millones de pesos
deberá pagar la Fiscalía General de la Nación a las familias de 29
personas que fueron privadas injustamente de la libertadbajo la acusación
de tener supuestos nexos con la guerrilla.
Se trata de una condena emitida por el Consejo de Estado por
hechos sucedidos en septiembre de 2003 cuando fueron detenidas las
29 personas en el municipio de Quinchía, Risaralda, bajo el supuesto
delito de ser aliados o cómplices de grupos subversivos en la región,
acusaciones que nunca pudieron ser probados.
Tal como lo registra el fallo del Consejo de Estado, en
septiembre del 2003 se desarrolló la ‘Operación Libertad’, que derivó en la
captura y posterior imposición de medida de aseguramiento de estas personas,
que meses después terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto
para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
Los afectados por la medida fueron: Gilberto Cano Bolívar,Darío de Jesús
Valencia Gómez, Eliécer Tapasco Choren, Geoner Antonio Chiquito Ladino, Jairo
Alfonso Trejos Bañol, Obdulio Pescador Pescador, Elgar García Bedoya, José Iván
Chiquito Marín, Florentino Ladino Aricapa, José Efráin Trejos
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