La Fiscalía y la Contraloría; la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Presidencia de la República
anunciaron que iniciarán las investigaciones sobre el desplome del puente de
Chirajara, que de acuerdo con los organismos de socorro dejó nueve muertos y
ocho heridos.
Según la Contraloría “por ser una vía
concesionada, la responsabilidad es de la empresa. No obstante el organismo de
control realizará las actuaciones correspondientes en el marco de su
competencia y estará atento a los resultados de las investigaciones que
determinen las causas de los hechos”.
A su turno, la directora de la
Fiscalía Seccional Meta, Isabel Cristina León,
sostuvo que al lugar de los hechos se desplazaron unidades del ente
investigador y del CTI “para recolectar todos los elementos necesarios para
esta investigación. En este momento la Fiscalía maneja la hipótesis de que se
podría tratar de homicidios culposos, pero esto será objeto de la
investigación. Tenemos que tener en cuenta las entrevistas de todos los
subcontratistas y los directivos. Vamos a recolectar toda la información
necesaria”.
El presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, comunicó que la interventoría
evalúa las causas que originaron el colapso de la estructura “eso tomará
algunos días, pero estamos pidiendo toda la celeridad”.
Así mismo, la Federación de
aseguradores colombianos, Fasecolda, informó que tal como lo comunicó la ANI,
“el concesionario contaba con los seguros exigidos por el Gobierno para este
tipo de proyectos, tales como: póliza de Cumplimiento, Responsabilidad Civil y
Todo Riesgo Construcción, con el fin de proteger el patrimonio. Igualmente, los
trabajadores se encontraban afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales,
ellos recibirán la atención médica requerida y los familiares de las personas
fallecidas, las indemnizaciones a través de una pensión vitalicia”.
Y agregan que desde el momento del
siniestro “las aseguradoras se encuentran estudiando los hechos con el fin de
definir las responsabilidades a que haya lugar”.
El puente Chirajara hace parte de las
concesiones de primera generación. La inversión es de 75.000 millones de pesos
y está a cargo del concesionario Coviandes, filial del grupo Aval y
Corficolombiana de Luis Carlos Sarmiento.
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