El próximo sábado 27 de enero entra en vigencia la
segunda fase de la Ley de Garantías en todo el país, esto para las entidades
que quieren realizar contratación directa.
Es así como Colombia Compra Eficiente, -CCE- y la
Agencia Nacional de Contratación Pública dan a conocer las distintas
restricciones que deben observar todos los funcionarios.
Por ejemplo, prohíbe celebrar contratos en la
modalidad de -contratación directa- con caducidad de una vez sea elegido el
Presidente de la República, e involucra a todos los entes del Estado, sin
importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a
una u otra rama del poder público o su autonomía.
Juan David Duque, director de CCE, explicó la
importancia que tiene la Ley de Garantías para evitar que los recursos públicos
se han desviados de su origen.
“Es importante recordar que la Ley de Garantías
está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer
aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses
antes de las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el domingo
11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido, es clave que las
entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los
recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”, dijo el funcionario.
Asimismo, indicó que la entidad analizó el
comportamiento de las contrataciones en la pasada Ley de Garantías, esto de
acuerdo con los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública y fueron
los tres factores que se observaron.
“Como primera medida se evidenció que entre los meses
de junio y julio hubo un incremento del 58% en el valor contratado, mientras
tanto en los meses de agosto y septiembre los incrementos respecto al mes
anterior fueron de alrededor del 11%, finalmente se detectó que el número de
contratos celebrados después que acabó la Ley de Garantías varió entre los 30 y
los 39 mil contratos”, puntualizó Duque.
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