La Contraloría General de la República evidenció un hallazgo fiscal por 1.800 millones de pesos en las entidades encargadas de la prestación de servicios de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y atención en Salud a los presos a cargo del o (INPEC).
El ente de control señaló que los 11 hallazgos que se encontraron con la
auditoría a esta entidad, “confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo su objeto misional”.
En materia de infraestructura física, el ente de control evidenció que
la respuesta a los planes de necesidades de reparaciones de los centros
penitenciarios del INPEC no ha sido oportuna.
Asimismo, encontró un rezago en el cumplimiento de las metas de
generación de cupos, lo cual se agravaría con la decisión de la USPEC de
ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de
infraestructura a través de un contrato interadministrativo suscrito con
Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento
de los establecimientos de reclusión.
El organismo también señaló que la USPEC “reconoce un rezago en el
cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto
en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la
Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de
la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo
Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.
Otras de las irregularidades están en que la infraestructura carcelaria
se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su
funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de El Espinal (Tolima).
Para la Contraloría, la demora de la USPEC para poner en marcha del plan
de mantenimiento y la solución oportuna de las reparaciones y atención en
materia de infraestructura, motivaron a que el INPEC destinara recursos para
celebrar convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la
infraestructura de los establecimientos de reclusión, lo que además de generar
posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando
duplicidad de inversiones.
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