La Fiscalía dice que convenio fue
a dedo.
El Juez Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de
garantías, Andrés Giovanny Rosas Calvo, suspendió la audiencia para analizar
detalladamente el tipo de medida a imponer, teniendo en cuenta que actualmente
cuatro de los procesados son funcionarios públicos y los otros cuatro trabajan en
actividades particulares. El Noticiero Popular conoció que La audiencia se
reanudará el jueves 16 de marzo a las 8:15 de la mañana para resolver la
petición hecha por el ente investigador, por la firma de un convenio entre la
gobernación del Meta y Red País Rural por $5 mil 411 millones de pesos,
orientado a fortalecer proyectos agroindustriales en cacao, café, lácteos,
frutales, caña panelera y banco de maquinaria.
Los funcionarios son, Vladimir Sierra Martínez, actual asesor jurídico
del Departamento, Hernando Martínez Aguilera, secretario de Víctimas de la
Gobernación, Luz Estella Casasfranco Vanegas, funcionaria de la Unidad Nacional
para la Reparación a Víctimas.
Los otros procesados, Carlos Humberto Osorio Monroy, Daniel Santiago
Salazar Uribe, Francy Nayibe Umaña, Carlos Emilio Romero Gómez y John Fredy
Chávez Cagua y Fredy Antonio Vargas Ramírez, este último no asistió a las
audiencias.
Las presuntas irregularidades
detectadas por investigadores del CTI sobre un convenio por 5.411 millones de
pesos firmado con la Corporación Red País Rural tiene a ocho exfuncionarios del
gobierno de Alan Jara ad portas de una medida de aseguramiento privativa de la
libertad en su domicilio.El fiscal dijo durante la audiencia ,“Como servidores públicos ustedes son un peligro para la sociedad,
no actuaron en deber del interés general, sino por amiguismos, un convenio a
dedo, con redireccionamiento, con estilo sastre, a la medida del contratista”,
afirmó el fiscal en la audiencia para soportar la petición.
No obstante, la Fiscalía se abstuvo
de solicitar medida de aseguramiento en prisión al considerar que primaba la
presunción de inocencia. “A la Fiscalía no le interesa llevarlos a la cárcel,
pero sí le interesa que no sigan en el servicio público”, dijo el fiscal del
caso.
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