Su Noticiero Popular conoció que la medida de aseguramiento no
privativa de la libertad fue impuesta solo contra Daniel Santiago Salazar
Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico y Carlos Emilio Romero Gómez
ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta.
Estas
dos personas quedaron sometidas a presentarse de manera inmediata cuando sean
requeridos y a no salir de la ciudad, ni a contratar con el estado mientras
continúa el proceso penal.
La
decisión de juez benefició a Hernando Martínez Aguilera ex secretario de
Planeación del Gobierno Seccional, Vladimir Sierra ex jefe de contratación del
Meta, Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del
Meta, John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio, Carlos Humberto Osorio
Monroy, ex secretario privado de la Administración Seccional y Luz Estela
Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta.
La
Fiscalía, que anunció apelará la decisión del juez de no imponer medida
preventiva de aseguramiento contra la totalidad de los nueve investigados,
seguirá en el proceso penal para comprobar los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido
en la celebración de contratos.
En la presentación de la imputación de cargos la
Fiscalía señaló que el contrato realizado entre las partes había sido,
“estilo sastre, a la medida del contratista y viciado de nulidad absoluta”.
Se ha
conocido que la Fiscalia trabaja en infdagaciones por el detrimento en País
Rural Acacías y se esperan medidas de aseguramiento en los próximos días,
Su Noticiero Popular conoció que la medida de aseguramiento no
privativa de la libertad fue impuesta solo contra Daniel Santiago Salazar
Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico y Carlos Emilio Romero Gómez
ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta.
La
Fiscalía, que anunció apelará la decisión del juez de no imponer medida
preventiva de aseguramiento contra la totalidad de los nueve investigados,
seguirá en el proceso penal para comprobar los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido
en la celebración de contratos.
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