De
acuerdo con el INPEC, en el país hay 116.302 personas privadas de la libertad.
7.801 son mujeres y 108.501 son hombres, recluídos en 135 establecimientos
carcelarios.
El Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) vuelve a ser tema de la agenda en la carrera por la
Presidencia, todo por la propuesta del candidato Germán Vargas Lleras, quien se lanzó a decir que lo
“liquidará” y creará una nueva entidad que hará parte de la Dirección Nacional
de la Policía.
Este debate revivió tras la fuga
de Olmedo Vargas Padilla y Jhon Gutiérrez Rincón, quienes, al parecer, consumieron
licor con un guardián, lo que les sirvió para saltar una pared y escapar. La
investigación apenas empieza, según anunció en Inpec, para esclarecer cómo se
fraguó la fuga de los exmiembros de las Farc, quienes estaban condenados en el
marco de la Ley de Justicia y Paz. Por estos hechos, la Procuraduría Primera
Distrital de Bogotá abrió indagación para la fuga de ambos internos.
Este no fue el único caso que dejó en
evidencia los problemas de la vigilancia penitenciaria.
El pasado domingo, en
la cárcel de Bellavista, en Medellín, sucedió algo similar, el interno José Edilberto Muñoz Echavarría, quien estaba
destinado a cuidar la granja, se fugó y simplemente dejó una carta en la en la
que decía: “se me viene un proceso encima (SIC) de más de veinte años, lo
siento mucho. Gracias por todo señores dragoneantes. Les suplico me perdonen.
Fueron buenos conmigo”.
La crisis de la institución, señalan
expertos y el mismo Vargas Lleras -que tuvo que lidiar con el problema cuando
fue ministro Interior y Justicia y planteó la necesidad de privatizar el
servicio de guardia- se debe a que es una entidad inviable y con “graves
dificultades” que requieren una solución definitiva, pues el hacinamiento de
las cárceles del país es de alrededor del 75 %, según el propio Inpec.
“Es absolutamente imposible tener al
interior del Estado una entidad con más de 70 sindicatos armados, eso es
insostenible, ninguna otra entidad tiene tantos sindicatos activos. Son más de
1.200 guardianes con fuero sindical”, esos son sus argumentos.
No obstante, dos sindicatos
consultados por este diario aseguraron que han hecho propuestas ante el
Gobierno Nacional para controlar los permisos sindicales, pero no han sido
escuchados.
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