No aceptamos que las Farc ejerzan sus
derechos políticos sin antes ser juzgados por sus delitos”, asegura el Consejo
Gremial que agrupa a las agremiaciones de los
grandes empresarios colombianos, al hacer profundas objeciones a la
implementación del acuerdo del fin del conflicto firmado por el gobierno con el
grupo guerrillero. Del Consejo Gremial hacen parte Acolfa, Acopi, Acoplásticos,
ANDI, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias,
Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar,
Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegan, FENALCO, SAC
El presidente del Consejo Santiago Castro en diálogo con periodistas señalo que se debe
garantizar que se cumpla, en primer lugar, con la sanción y reparación a las
víctimas para luego sí facilitar el ejercicio de los derechos políticos en los
órganos de representación popular.
“Hacer lo contrario desnaturalizaría la
función judicial de la JEP y premiaría a quienes hayan cometido graves delitos
contra el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, precisó.
Con relación a la vinculación de
terceros a la JEP, el sector empresarial estima que esto implicaría una
vulneración del principio de juez natural que exige la definición previa del
juez competente a la comisión de los hechos, al tiempo que le es contrario a
los compromisos internacionales de Colombia en el marco de la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1969 y a la propia jurisprudencia de la Corte
Constitucional”.
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