EN 42 MUNICIPIOS DEL PAÍS SE PUEDE REPETIR SITUACIÓN DE TUMACO, ADVIERTE REPRESENTANTE DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Todd HowlandEl representante de la Oficina del Alto
 Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, advirtió en las últimas horas que la grave situación social y de orden público que se presenta en Tumaco, que se hizo más evidente con la masacre de cocaleros registrada el pasado 5 de octubre, se puede replicar en otro 42 municipios del territorio colombiano,

Según el delegado internacional, los mismos factores que existen en Tumaco, están en esos otros 42 municipios: pobreza, economías ilegales, como la coca, grupos como el clan del golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación forzada.

Resumiendo la situación vivida en Tumaco, Howland dijo que “el gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones”.

En un amplio reportaje que concedió al portal VerdadAbierta.com, el

Howland advirtió que la “frustración es explosiva” con relación a la implementación del acuerdo de paz firmado por el gobierno con las Farc.

“Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante”, dijo y complementó:

Frente al tema de los cultivos ilícitos y el narcotrafico, planteó:

“Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales”