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| FOTO CORTESÍA FISCALÍA |
SE TRATA DEL
SEGUNDO GRAN OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MENOS DE UN MES.
Este es uno de los bienes que será objeto de
extinsión de dominio. Presuntamente es de testaferros de las Farc..
De ser ciertas las conclusiones a las que llegó la
Fiscalía General de la Nación, las Farc no estarían cumpliendo con la entrega
de todos sus bienes como señala el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno.
El ente acusador, acompañado por el Ejército
intervino 47 bienes avaluados en más de 15.600 millones de pesos que estarían
en poder de presuntos testaferros de esa guerrilla desmovilizada. Si los jueces
determinan que efectivamente eran bienes de las Farc, se ratificará la tesis
del fiscal Néstor Humberto Martínez de que la guerrilla no entregó todo su
capital.
Supuestamente las propiedades pertenecerían en
realidad a los Frentes 44 y 48 del desaparecido grupo guerrillero y están
ubicados en Amazonas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Putumayo y Valle del
Cauca.
Lo que llama la atención es que en el listado de
bienes entregado por las Farc a la Misión de la ONU no fueron incluidas
propiedades en Amazonas ni en Risaralda, por eso se amplía la sospecha sobre la
intención de las Farc de ocultar bienes.
Vale la pena aclarar que, a juicio de la Fiscalía,
entre los inmuebles declarados hay tres en Valle del Cauca, 16 en Cundinamarca,
25 en Meta y 24 en Putumayo.
Lo intervenido
Una de las operaciones fue, según la Fiscalía,
contra supuestos testaferros del Frente 48, más conocido como Bloque Amazónico.
“La investigación comenzó con base en el testimonio
de un subversivo desmovilizado quien señaló a Édgar Herrera Cardona,
Irene Arcila Pantoja, Gladys María Romo Melo, José Armando Tovar Cobo y Guillermo Ruíz León como integrantes de la
comisión de finanzas de dicho frente, que recibían dinero producto del
narcotráfico en pequeños montos, cada 20 días o cada mes”, estableció el ente
acusador.
Con esos recursos provenientes de actividades
ilegales se compraron 24 inmuebles urbanos y cinco rurales, y se constituyeron
nueve sociedades y un establecimiento de comercio. Todo esto avaluado en 15.000
millones de pesos.
Otro fue el caso del operativo contra una presunta
testaferro del Frente 44.
“Las investigaciones indican que la señora Margarita Gallego Gómez supuestamente recibía
pagos en dinero en efectivo y, en algunas ocasiones, base de coca. Sus
actividades consistían en transportar mercancías o remesas por el río Guaviare.
Para esto, utilizaba embarcaciones como lanchas, voladoras y canoas”, comunicó
la Fiscalía.
A Gallego Gómez se le incautaron cinco
embarcaciones, dos vehículos y un inmueble urbano, por valor de 600 millones de
pesos. Estos bienes serán afectados con fines de extinción de dominio y no para
el fondo de reparación de víctimas, pues no fueron incluídos en la lista de
bienes de las Farc. Este sería un nuevo incumplimiento.
En ambos casos los implicados serán judicializados
por la justicia ordinaria, pero hay quienes, incluido el Gobierno, aseguran que
los jefes guerrilleros que oculten bienes deben salir de la Jurisdicción
Especial para la Paz y pasar a la justicia ordinaria.
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