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| Foto Reuters |
El delegado para las finanzas
criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez, entregó los
primeros resultados en la investigación que se sigue contra diversas personas y
empresas por los llamados ‘Panamá Papers’.
A estas personas se les imputarán
oficialmente los delitos que en criterio de la Fiscalía cometieron, en las
próximas horas, esto ante un juez.
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Luz Mary
Guerrero Hernández,
Representante legal de Efecty
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Entre los capturados están Sara
Guavita Moreno, representante legal suplente de la empresa de mensajería
Servientrega S.A a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en
documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito en
particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.
Asimismo, fue capturado Juan Estaban
Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca & Co. a quien se le
imputarán cuatro delitos.
También cayó Jorge Humberto Sánchez
Amado, revisor fiscal de Efecty, por los delitos de falsedad ideológica en
documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal,
enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
¿Cómo funcionó?
La Fiscalía comprobó en su
investigación que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de
sus servicios entre los años 2010 y 2016 “un elaborado entramado financiero y
societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas
colombianas por parte de sociedades en el exterior”.
Asimismo, las sociedades extranjeras
eran “meras fachadas” controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las
empresas colombianas firmaron contratos por servicios que nunca existieron ni
se prestaron.
No obstante, las sociedades
colombianas sí pagaron las facturas falsas.
Las sociedades fachada que expedían
las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e
Inglaterra, sin embargo, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía
evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una
misma entidad financiera en las Bahamas.
Por la actividad ilícita, Mossack
Fonseca Colombia cobraba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas
dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.
Tras cobrar su comisión, enviaba los
recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes.
De esta manera se ocultaba el dinero
y las intenciones de los clientes de esta empresa.
Se estima que al menos 14 sociedades
colombianas habrían acudido a este método para generar dividendos de forma
irregular, por medio de la falsificación de su contabilidad real a la DIAN.
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