El Juzgado 77 Penal de Bogotá, con
función de garantías, determinó cobijar con medida de aseguramiento a 10
personas entre servidores públicos y particulares, señalados como presuntos
autores y coautores de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.
Algunos de los procesados también
deberán responder por delitos como prevaricato por acción, falsedad en
documento público y fraude procesal, según su actuar.
Los procesados, enviados a prisión,
son: el Juez de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria; Carlos Hernán
Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos
Hugo Alfonso, Aída Salgado León.
Por otra parte, con medida de
aseguramiento domiciliaria fueron cobijados: Néstor Gordillo, investigador del
CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina
Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta). En libertad fue
dejado el médico Omar de la Hoz.
Para la Fiscalía General se trata de
una presunta red criminal al servicio de la delincuencia organizada, la cual
ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad
provisional o definitiva, así como detenciones domiciliarias a los
delincuentes, con precios que oscilaban entre 2 y 40 millones de pesos.
Según manifestó la fiscal delegada en
este caso, en audiencia pública desarrollada durante más de 25 días en el
Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, los procesados en un acto de
corrupción supuestamente tramitaron beneficios ante Justicia y Paz a favor de
José Everto López Montero, alias Caracho, como si fuera beneficiario de dicha
ley.
De acuerdo con la imputación de cargos,
López Montero había sido condenado en el año 2016 a una pena de 26 años de
prisión como responsable de los delitos de tortura y desaparición forzada, como
cabecilla de la organización criminal denominada Erpac, la cual operaba en los
llanos orientales en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana.
“Se usó la reunión y el papel de la OEA
para que Garzón sirviera a la criminalidad y acercar a Caracho a la JEP”, dijo
la fiscal encargada del caso.
Agregó que “en otros casos, tramitaban
valoraciones médicas falsas en las que aparecen los funcionarios del Instituto
Colombiano de Medicinal Legal, quienes elaborarían certificaciones por
problemas psiquiátricos y perfiles suicidas con el fin de obtener sentencias de
reclusiones en los centros hospitalarios”.
“Es el caso de Pedro Nel Ardila,
condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual y a quien el
médico Omar de la Hoz le diagnosticó un cuadro depresivo y riesgo de suicidio”,
señaló la representante del ente acusador.
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