Este lunes se
realizará la imputación de cargos a los magistrados acusados de favorecer a
delincuentes.
Las decisiones que terminaron en traslados de
cárcel, libertades y beneficios como detención domiciliaria, tienen a 24
funcionarios de la rama judicial en el Meta en la cárcel y a tres magistrados
por el mismo camino.
Todo
arrancó con "Cesarin"
El conocido jefe de la Oficina de Envigado, capturado y condenado a más
de 20 años de prisión, resultó sin muchos problemas con el beneficio de casa
por cárcel, que claramente no cumplió porque se voló.
El juez Ronald Floriano Escobar sin muchas explicaciones y amparado en
la autonomía judicial dijo que el peligroso delincuente podría estar en su
casa, que no representaba un peligro para la sociedad, ahora ese juez está
capturado y develó un lucrativo negocio con decisiones judiciales.
El
"chanchullo"
Abogados y asistentes de despachos sirvieron de intermediarios. Eran
ellos quienes llevaban las propuestas a los jueces para que luego de un
análisis previo determinará qué clase de beneficio se le podría otorgar, que
también dependía de la cantidad de dinero a cancelar.
Las tarifas con traslados de cárcel arrancaban en 14 millones de pesos y
subían de acuerdo al tipo de beneficio que esperaban alcanzar: redención de
pena, detención domiciliaria y libertades, los investigadores tiene evidencia
de que hubo pagos hasta de 200 millones de pesos.
La
“mano negra” en el Tribunal del Meta
Tres magistrados: Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto
Rubén Díaz Rodríguez fueron citados a imputación de cargos, según la Fiscalía,
ellos como instancia superior se encargaron de otorgar los beneficios que no
eran concedidos por jueces que estaban fuera de la “empresa criminal”.
Los magistrados de larga trayectoria en la rama judicial se convierten
en un problema porque su judicialización debe hacerse en los Tribunales de
Bogotá donde otros magistrados ya expresaron impedimentos con el argumento de
conocerlos y ver en riesgo su objetividad a la hora de tomar una decisión.
El
otro listado
El inventario de capturas de la Fiscalía y la Dijin contó seis jueces y
tres magistrados, pero hay otro listado que incluyó asistentes de juzgados,
fiscales e investigadores del CTI y funcionarios de Medicina Legal y el Inpec.
Cada integrante tenía una función de la red de corrupción judicial. Los
conceptos médicos, los resultados de las investigaciones, la vigilancia
penitenciaria, todo era necesario para soportar los beneficios que otorgaban a
los delincuentes y que al final tomaban los jueces y confirmaban los
magistrados.
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