Tamales de $30 millones, nuevo caso
de corrupción en Plan de Alimentación Escolar
La Fiscalía General de la Nación puso
al descubierto aberrantes prácticas corruptas en el departamento de Santander,
que al igual que en otros departamentos del país, se hicieron alrededor del
llamado Programa de Alimentacion Escolar PAE, Lo más escandaloso de los hallazgos de la Fiscalia es la compra de tamales–sin
detallar el número de unidades– por un costo de 30 millones de pesos que se
hizo a unos operadores de grúas.
A continuación reproducimos el informe
entregado por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira:
La Fiscalía General de la Nación asumió un compromiso con la
comunidad de Santander: profundizar en las investigaciones de los casos que han
puesto en peligro los recursos públicos, especialmente los destinados a la
atención de la infancia y los menos favorecidos. También, indagar sobre las
causas relacionadas con afectaciones al medio ambiente y llegar hasta las
últimas consecuencias en los hechos de corrupción detectados.
Hechos: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una
herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más
pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado
problemas graves de corrupción, como el manejo irregular de los recursos.
Los dineros que,
al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la
alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.
Las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las
siguientes irregularidades:
– Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones
del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera
los requisitos y exigencias de experiencia.
– Proveedores ficticios: el análisis de la contabilidad
refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los
departamentos de Tolima, Huila y Meta.
Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.
En las inspecciones fueron detectadas anomalías como:
Meta: en Acacías se formalizó un contrato por treinta millones de pesos ($30.000.000) con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
Huila: en Tarqui contrataron la preparación y entrega de
postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia
por veinte millones de pesos ($20.000.000). Los investigadores constataron que
esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en
entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de
Inversiones, que supuestamente los contrató.
En Algeciras compraron mercados a una asociación de
transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la
cabecera municipal.
En Suaza pagaron doscientos noventa millones de pesos
($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar
Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la
Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una
fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.
Tolima: en Rovira supuestamente fue contratada la Asociación
Familia Proyecto Al Futuro, por sesenta millones de pesos ($60.000.000) para el
suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora
Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de
los señalados contratistas vinculados a la investigación.
– Presentación de personal falso en la propuesta: el pliego
de condiciones exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin
embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que
dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa
Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.
En total, el peculado por las irregularidades detectadas
suma: dos mil ciento veinticinco millones quinientos ocho mil cuatrocientos
ocho pesos ($2.125.508.408)
Resultados: por estos hechos, el reciente 17 de noviembre
fueron capturadas las siguientes personas:
Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental
de la Gobernación.
Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana
de Inversiones Limitada
Situación jurídica: las audiencias de control de garantías culminaron y el juez
dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres
procesados, a quienes la Fiscalía les imputó los siguientes delitos:
Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos
legales.
Falsedad ideológica en documento público y privado.
Peculado por apropiación a favor de terceros.
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