La Cámara de Representantes le dio vía libre a la
reglamentación de la JEP, lo que deja la iniciativa a un solo trámite de
convertirse en ley de la República. La conciliación debe darse antes del
jueves.
La aprobación de la Jurisdicción Especial para la
Paz, JEP, en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue maratónica. Luego
de varias discusiones en las que poco o nada se avanzaba, ayer, la iniciativa,
considerada el corazón de las normas para la paz, tuvo luz verde.
El proyecto quedó listo para conciliación, la que
seguramente no será fácil, y deberá realizarse antes del jueves, cuando termina
el fast track. Entonces, el Senado y la Cámara tendrían
que ponerse de acuerdo en los artículos en los que hay diferencias, para que
pase a revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, a sanción
presidencial.
Aunque la plenaria estaba convocada para las 10:30
de la mañana, apenas empezó pasado el medio día, cuando el congresista Hernán Penagos, ponente de la iniciativa, solicitó a
sus homólogos aprobar el proyecto de ley estatutaria en un solo día para dejar
el poco tiempo que queda antes de que venza el fast
trackpara la conciliación, y así fue.
Se votó sin un grupo de siete representantes del
partido Conservador, David Barguil, Orlando Clavijo,
Inés López, Jaime Losada, Germán Blanco, Ape Cuello y Luis Horacio Gallón, quienes estaban en desacuerdo con
la que denominaron “impunidad” que quedó establecida en el proyecto.
De acuerdo con una constancia radicada, señalan que
no admitían la participación en política de exguerrilleros sin que hayan pasado
por la justicia transicional. Aseguraron que no había claridad sobre el
tratamiento para quienes incumplieran los acuerdos ni sobre la extradición de
los que reincidan.
“No votamos la JEP porque no le daremos una
cachetada a las víctimas”, señaló Barguil.
En la Cámara, así como en el Senado, el tema de
mayor debate pasó como lo propuso el Gobierno: las Farc podrán participar en
política, su paso por la jurisdicción especial no limitará ese derecho, solo si
no aportan verdad, ni reparan a sus víctimas, las personas de esa colectividad
elegidas a un cargo público deberán dejarlo para cumplir con las sanciones.
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