
El convenio debía cumplirse en el término de 24 meses y 15 días y no se
cumplió aunque sí se hizo un desembolso inicial de 405 millones de pesos que
fueron recuperados gracias a la imposición de las pólizas.
Frente al proceso se destapó el abogado Carlos Emilio Romero Gómez ex
asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta, quien
salió a la luz pública a limpiar su nombre luego de que fuera señalado de haber
recibido 5 millones de pesos de coima por supuestamente haber facilitado la
firma del convenio entre la Gobernación del Meta y la Corporación País Rural en
2013 por 5 mil 600 millones de pesos y que hoy tiene a 9 ex funcionarios de la
pasada administración investigados por la Fiscalía.
El abogado
salió a contar detalles del cuestionado convenio, luego de que un juez le diera
la razón y le levantara la medida de aseguramiento que le impuso en marzo de
este año, al confirmarse que la versión en contra suya de una empleada la
Corporación País Rural era falsa.
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