El despacho de la
magistrada del Consejo de Estado Rocío Araújo Oñate decretó la suspensión
provisional de la consulta minera que iba a efectuarse el domingo 12 de
noviembre en el municipio de Une, Cundinamarca.
Lo hizo al acceder a las
medidas cautelares que fueron solicitadas por varios operarios de una empresa
minera, coadyuvados por la propia firma, en el curso de una acción de
tutela que busca dejar sin efectos el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró constitucional la pregunta prevista para la mencionada
consulta.
Dado que el ente territorial busca establecer si los habitantes de la población están de acuerdo o no con la “con la ampliación de los plazos de explotación, renovación, de licencias y otorgamiento de nuevos títulos”, el despacho concluyó que esta contienda podría estar llamada a dejar sin efectos normas de alcance nacional, como aquellas que le permiten a los concesionarios mineros solicitar la prórroga de sus respectivos contratos (artículo 77 de la Ley 685 de 2001 y artículo 53 de la Ley 1753 de 2015).
Dado que el ente territorial busca establecer si los habitantes de la población están de acuerdo o no con la “con la ampliación de los plazos de explotación, renovación, de licencias y otorgamiento de nuevos títulos”, el despacho concluyó que esta contienda podría estar llamada a dejar sin efectos normas de alcance nacional, como aquellas que le permiten a los concesionarios mineros solicitar la prórroga de sus respectivos contratos (artículo 77 de la Ley 685 de 2001 y artículo 53 de la Ley 1753 de 2015).
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