En ese sentido, la Corte señala que los mensajes de las personas a
través de cualquier medio de comunicación, deberán tener sustento. En el fallo
se advierte que el desconocer el principio de veracidad cuando la información
se sustenta en “rumores, invenciones o malas intenciones” o, cuando pese a ser
cierta, se presenta de manera tal
que induce a error a su receptor”.
El alto tribunal señala que pese a que la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es un derecho
ilimitado teniendo en cuenta que no puede vulnerar los derechos de otras
personas.
“En conclusión, la libertad de expresión comprensiva de la garantía de
manifestar o recibir pensamientos, opiniones, y de informar y ser informado
veraz e imparcialmente, es un derecho fundamental y un pilar de la sociedad democrática que goza
de una amplía protección jurídica”,precisa la decisión.
Sin embargo, añade el fallo, este tipo de publicaciones supone
“responsabilidades y obligaciones para su titular, ya que no es un derecho
irrestricto o ilimitado, y en ningún caso puede ser entendido como herramienta
para vulnerar los derechos de otros miembros de la comunidad, especialmente
cuando se trata de los derechos al
buen nombre, a la honra y a la intimidad”.
Este pronunciamiento se hizo al tutelar los derechos de una abogada que consideró que con sus mensajes,
el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos vulneró sus derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad.
En la tutela se indicaba que el cabildante publicó en una sesión del
Concejo de Medellín del 29 de noviembre de 2016, así como en su sitio web y en su cuenta personal de la red social Twitter,
información falsa relacionada con el proceso penal al que fue sometida en
Estados Unidos en el 2011, y de su relación contractual con el Contralor
General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña.
Dicha información fue posteriormente publicada en un periódico de circulación nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario