La Procuraduría General de la Nación
abrió investigación contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su
presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo
Ganadero del Meta y por una posible extralimitación en sus funciones al asumir
obligaciones crediticias de Llanopetrol.
La Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara, al representante del
departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe,
que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado
especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo
Ganadero del Meta; y a Néstor Ángelo Martínez Aldana, exgerente y representante
legal del FGM.
El ente de control anunció que busca
establecer si se presentaron posibles irregularidades en la administración del
fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y a la gobernación del
Meta.
“Al parecer, los accionistas
mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones
establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que
habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el
departamento”, señaló la entidad.
En el caso de Llanopetrol, el
Ministerio Público investiga si la Gobernación del Meta habría asumido
obligaciones crediticias propias de la empresa de petróleos, como si se tratase
de deudas propias del departamento.
Por este caso se investiga además del
exgobernador, al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño; exgerente de
Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la Empresa de
Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
Entre las pruebas que figuran en el
expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para
avalar estos compromisos financieros en su totalidad.
“Según el informe de la
auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación
pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de
tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se
hubiera expedido certificado ni registro presupuestal”, dijo la entidad
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