De igual forma, sostiene que se han aumentado
las estigmatizaciones en contra de la prensa “pues mientras en 2016 se
registraron 17 casos, en el año pasado se documentaron 29”.
La Fundación pone como ejemplo la orden de la Corte Suprema de
Justicia a publicaciones Semana para que revele sus fuentes, según dice el
informe “los intentos de obligar a periodistas para que revelen sus fuentes son
otra forma en la que personas poderosas utilizan el sistema judicial en
perjuicio de la libertad de expresión”.
En cuanto a medios digitales asegura que 2017 se caracterizó por
“el alto número de periodistas que fueron estigmatizados a través de redes
sociales, principalmente Twitter y Facebook. Los autores de estas agresiones
fueron, en su mayoría, funcionarios públicos”.
Sin embargo, en otro capítulo el informe señala que la Corte
Constitucional “no sabe lo que hace”, en materia de regulación digital pues
“las decisiones que ha tomado con relación a Internet, especialmente las de
2017, muestran una Corte con miedo a Internet. Este tribunal, aunque ha
mencionado pronunciamientos de expertos internacionales que hablan de la
importancia de Internet para la democracia, ha adoptado una postura peligrosa.
La creación de reglas desmedidas e inaplicables complica y crea incertidumbres
sobre la creación de medios y la expresión de los ciudadanos”.
El papel del presidente
En el informe se dedica un capítulo especial a la gestión del
presidente Juan Manuel Santos, según la
ONG “los más voraces depredadores contra la libertad de prensa vienen del
Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el
presidente Santos”.
De acuerdo con la publicación en los años de este gobierno se
gastaron “al menos mil millones de pesos en una política pública de libertad de
expresión que encomendó al Ministerio del Interior y que fue sepultada por un
tuit del Ministro Rivera”.
Además sostiene que durante el mandato del actual presidente se han asesinado nueve periodistas y agrega que
“en la mayoría de estos casos los homicidas silenciaron la única voz que
denunciaba la corrupción que ocurría en sus municipios. Es más, según la
clasificación mundial que realiza reporteros sin fronteras de los países más
peligrosos para los periodistas, en 2017, Colombia ocupó el puesto 129 de 179”.
Por otro lado, el informe sostiene que la autoridad policial
también ha sido un factor determinante para silenciar el papel de la prensa,
según dice, “durante 2017 la FLIP registró 27 casos de agresiones contra
reporteros por parte de uniformados del Ejército y la Policía”. Sin embargo,
destaca que en los últimos cuatro años se disminuyeron el número de agresiones
por parte de la Fuerza Pública.
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