El Consejo de Estado decretó la pérdida
de investidura al Representante a la Cámara por el departamento de Guainía,
Edgar Alexander Cipriano Moreno, por incurrir en el delito de tráfico de
influencias.
La medida la adoptó acogiendo el
concepto de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso que se le
adelantó por exigir dinero a tres personas a cambio de tramitar su nombramiento
en cargos públicos, hechos ocurridos en los años 2014 y 2015.
En su concepto el Ministerio Público indicó que las pruebas recaudadas
dejaron en evidencia una organización delictiva que operaba el Representante a
la Cámara desde su oficina en el Congreso de la República, configurando una
modalidad especial de tráfico de influencias ampliamente lesiva, dañina y
antijurídica.
Igualmente, destacó la validez de las pruebas documentales y
testimoniales recaudadas en la investigación, que pusieron al descubierto las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se produjo la conducta antijurídica
y moralmente reprochable del entonces Representante a la Cámara.
Por el sofisticado fenómeno
de corrupción descubierto en este caso, el Consejo de Estado concluyó que la
sanción de pérdida de investidura por tráfico de influencias resultaba pertinente
y necesaria ante la conducta de Edgar Alexander Cipriano, quien afectó los
principios fundamentales de legalidad, moralidad, rectitud, transparencia e
integridad que se esperan de quienes ejercen la representación política en el
país.
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